La eliminación del arancel a la importación de teléfonos celulares, dispuesta por el Gobierno nacional a través del decreto 333, encendió fuertes alarmas en Tierra del Fuego, donde estiman que la medida podría dejar sin trabajo a entre 2.000 y 2.500 operarios vinculados directamente a la industria electrónica.
Desde la provincia advierten que el impacto no se limita solo a las fábricas. Según datos oficiales de noviembre pasado, el sector industrial fueguino emplea 7.569 trabajadores, de los cuales el 83% pertenece a la industria electrónica, la más expuesta a la apertura importadora. La caída de la producción afectaría también a comercios, transporte, logística, servicios y gastronomía, ampliando el daño sobre el empleo indirecto.
Referentes locales señalaron que la industria electrónica es uno de los principales motores del consumo y la actividad económica en las ciudades fueguinas. “Cuando baja la producción, cae el poder adquisitivo y se resiente toda la economía local”, sostienen desde el sector.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, cuestionó el argumento oficial de que la medida busca bajar precios: “Ese discurso ya lo escuchamos y fracasó. En experiencias anteriores se perdieron puestos de trabajo y los precios no bajaron. Se destruyó producción nacional y el beneficio nunca llegó a la gente”.
En la misma línea, Pérez remarcó que “no se trata de privilegios, sino de defender la producción nacional, el empleo argentino y el sustento de miles de familias fueguinas”.
La preocupación también fue expresada por el gobernador Gustavo Melella, quien semanas atrás reestructuró su equipo económico. En ese marco, Alejandro Barrozo asumió como nuevo ministro de Economía provincial, en un contexto marcado por la incertidumbre industrial y laboral.
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