⚠️ Crisis financiera en el Instituto de Psicopedagogía Especial de La Plata

⚠️ Crisis financiera en el Instituto de Psicopedagogía Especial de La Plata

El Instituto de Psicopedagogía Especial (IPE) de La Plata –una asociación civil sin fines de lucro con sede en calle 41, entre 19 y 20, fundada en 1971– atraviesa una grave crisis económica que lo obligó a declarar la convocatoria de acreedores y pone en riesgo su continuidad institucional.

📉 Situación crítica

La institución brinda atención integral a personas con discapacidad intelectual, con más de 170 alumnos en la escuela “Ana Sullivan” y más de 30 asistentes en el Centro de Día. Su financiamiento depende en gran parte de aportes estatales y donaciones privadas, que actualmente resultan insuficientes para cubrir sus costos operativos.

Según sus autoridades, la precariedad económica se arrastra desde hace años, agravada por la inflación, el atraso en los pagos de obras sociales y la falta de apoyo sostenido por parte del Estado.

🔥 Riesgo de cierre y convocatoria de acreedores

Frente a esta situación insostenible, el IPE presentó una convocatoria de acreedores como medida de emergencia. La comunidad educativa fue notificada del posible cierre si no se consigue revertir la situación financiera a corto plazo.

Como parte de una campaña solidaria, se organizó una cena benéfica para recaudar fondos, buscando generar apoyo social y evitar que el instituto baje sus persianas.

🎯 Un rol clave en la inclusión

El Instituto cumple un rol central en la educación y contención de niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Su eventual cierre dejaría sin atención especializada a cientos de personas y afectaría profundamente a sus familias.

Profesionales, docentes y familiares manifestaron su preocupación por la falta de respuestas concretas, reclamando medidas urgentes para garantizar la continuidad del proyecto educativo y terapéutico.


En síntesis, el Instituto de Psicopedagogía Especial de La Plata enfrenta una crisis financiera de extrema gravedad. Su continuidad depende del compromiso del Estado, el respaldo de la comunidad y el fortalecimiento urgente de los recursos económicos destinados a instituciones que trabajan por la inclusión.

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