En el día de hoy he sido notificado de una decisión judicial que, lejos de buscar la verdad, se sostiene en una interpretación forzada de pruebas con el único propósito de mantenerme arbitrariamente ligado a un proceso penal. Me refiero al reciente procesamiento dictado en la causa conocida como “Seguros”, una decisión que revela más una intencionalidad política que una rigurosidad jurídica.
Lamentablemente, esta práctica no es nueva en la Argentina. A lo largo de nuestra historia, los dirigentes peronistas hemos sido objeto de persecuciones, proscripciones y operaciones mediático-judiciales cuando nos hemos atrevido a gobernar en favor de las mayorías populares. Hoy, nuevamente, soy blanco de una ofensiva que busca disciplinar al peronismo y dar un mensaje claro: que nadie se atreva a levantar la voz en defensa de un modelo de país más justo.
Durante mi presidencia, actué siempre dentro de los márgenes que establece la Constitución y con absoluto respeto a la ley. Los actos de gobierno que hoy se pretenden criminalizar fueron realizados en el marco de las facultades que me otorga la institucionalidad democrática. No hay delito, no hay dolo, no hay corrupción: hay, en cambio, una construcción judicial cuyo único fundamento es mi identidad política.
Me persiguen por peronista, y eso no me avergüenza. Me honra. Porque sé que, detrás de cada ataque, lo que realmente se cuestiona no son mis actos, sino mis convicciones.
Y esas convicciones no las pienso abandonar.
