La Justicia federal dispuso una incautación patrimonial sin precedentes en el marco de la causa conocida como “Vialidad”, que investigó el desvío de fondos públicos a través de la obra pública en Santa Cruz. Mediante una resolución emitida el 18 de noviembre, el Tribunal Oral Federal N°2 ordenó el decomiso de bienes inmuebles y dinero por una suma actualizada que supera los $684.990 millones.
La medida alcanza a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Báez, a otros condenados por la maniobra y también a Máximo y Florencia Kirchner, en su carácter de propietarios o cotitulares de parte de los activos identificados durante la investigación.
Un monto actualizado y ampliado
El tribunal había fijado inicialmente el decomiso en poco más de $84.800 millones, pero tras el trabajo de peritos oficiales y del cuerpo de contadores de la Corte Suprema, el monto fue recalculado bajo criterios técnicos actualizados. La Justicia intimó a los condenados a pagar esa suma, pero ante la falta de cumplimiento, dispuso avanzar directamente sobre sus bienes.
Entre los activos que serán tasados y ejecutados se encuentran propiedades pertenecientes a Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos., Loscalzo y Del Curto, además de inmuebles vinculados a la familia Kirchner. El tribunal también habilitó a ejecutar bienes de otros condenados si los activos iniciales no alcanzaran para cubrir la cifra establecida.
Fundamentos del tribunal
En su resolución, los jueces remarcaron que quedó acreditado en la sentencia firme que la estructura de contrataciones irregulares generó beneficios económicos directos para Báez y para la familia Kirchner. Por eso, el decomiso recae sobre los bienes considerados “instrumentos, efectos o provecho del delito”, incluso cuando estén a nombre de terceros, salvo casos de buena fe y adquisición legítima.
Además, la disposición se apoya en estándares internacionales, como la Convención de la ONU contra la Corrupción, que obliga a los Estados a recuperar activos derivados de delitos contra la administración pública.
Próximos pasos
Los bienes decomisados serán registrados en la Base General de Bienes Secuestrados y la Corte Suprema deberá decidir su destino final. El objetivo prioritario, según el fallo, es reparar el daño causado al Estado y a la sociedad.
La Fiscalía, por su parte, mantiene la potestad de identificar otros activos que puedan ser alcanzados por el decomiso durante la etapa de ejecución de la sentencia.
