El Gobierno nacional analiza presentar una denuncia judicial tras la difusión de los audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La decisión fue uno de los temas principales tratados en la reunión de urgencia que se llevó adelante el viernes por la tarde en la Casa Rosada.
La reunión de emergencia
El encuentro se realizó entre las 17 y las 19 en las oficinas de Santiago Caputo y contó con la presencia del vocero presidencial Manuel Adorni, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, el abogado de La Libertad Avanza Santiago Viola, la exsecretaria de Comunicación Belén Stettler, el consultor Manuel Vidal y un abogado con vínculos en la exSIDE.
Allí se debatió cómo responder a la crisis y se coincidió en que la prioridad es esclarecer cómo se obtuvieron las grabaciones. “Esto es un escándalo de inteligencia nacional y es un delito”, expresaron fuentes cercanas al oficialismo.
Posibles medidas
El Ejecutivo busca determinar bajo qué figura legal podría avanzar y analiza apuntar contra el canal Carnaval Stream y los periodistas que difundieron el material. De manera paralela, evalúa reforzar los protocolos de Casa Militar para evitar nuevas filtraciones en reuniones en Balcarce 50.
“El Gobierno considera la publicación de los audios como una violación a la seguridad nacional. Cualquier jefe de Estado que pasó por el despacho ahora puede pensar que fue grabado”, advirtieron desde el entorno presidencial.
La posición oficial
El único mensaje público tras la reunión lo dio el secretario de Medios, a través de X, donde repitió la postura expresada por el vocero: “Si los audios son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”.
Reacciones internas
Cerca de Karina Milei aseguran que la funcionaria se mantiene tranquila y deslizan que las grabaciones podrían haberse hecho fuera de la Casa Rosada, en giras provinciales, actos de campaña o reuniones partidarias.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo remarcan que quieren identificar en qué encuentro fue registrada la conversación para analizar los pasos judiciales a seguir. “Que pongan los 50 minutos de la reunión, no van a encontrar nada sensible”, remarcaron fuentes oficiales.
Por ahora, se descarta accionar a través del ENACOM para frenar la difusión de los audios, aunque el Gobierno advierte que, si decide avanzar, lo hará “contra todos los actores involucrados”.
