Este lunes, el Gobierno nacional promulgó —aunque con condiciones— la Ley de Emergencia en Discapacidad, tras haber sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso y luego de que se rechazara el veto presidencial. La norma fue oficializada a través del Decreto 681/2025 en el Boletín Oficial, pero su aplicación quedó congelada.
Pese a que la Ley 27.793 declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 e incluye mejoras en financiamiento para pensiones no contributivas, prestaciones básicas y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Ejecutivo condicionó su puesta en marcha a que el Congreso especifique de dónde saldrán los fondos para cubrirla.
📌 El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya lo había adelantado la semana pasada: sin presupuesto, no hay ley. El decreto exige que el Congreso «incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional que permitan la ejecución de la ley».
🔍 En resumen: la ley se promulgó, pero no entrará en vigencia hasta que se diga quién la financia. Mientras tanto, miles de personas con discapacidad continúan esperando respuestas concretas.
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