Después de que el Congreso rechazara los vetos de Javier Milei, en la Casa Rosada evalúan distintas alternativas para evitar que entren en vigencia las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica.
En la mesa técnica del Gobierno reconocen que el refuerzo de recursos para el Hospital Garrahan, por unos $133.433 millones, tendría un efecto menor en el presupuesto nacional. El desglose contempla $20.521 millones para residencias, $75.317 millones para personal de salud asistencial y $37.595 millones para el no asistencial.
La situación es distinta con las universidades: un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la suba de fondos representa casi $2 billones en 2025, equivalente al 0,23% del PBI. El cálculo contempla un aumento del 32% en gastos de funcionamiento, un 40% en salarios y la actualización de becas estudiantiles.
Diez días para definir
El Ejecutivo tiene un plazo de diez días hábiles desde la notificación del Congreso para tomar una decisión formal. Aunque hay distintas posturas internas, la definición quedará en manos del propio Presidente. En la Casa Rosada descartan aplicar criterios diferentes para cada ley, ya que temen abrir un frente judicial más complejo.
Algunos funcionarios se inclinan por bajar el tono del conflicto con el Parlamento, mientras que otros advierten que un cambio de estrategia pondría en duda la decisión previa tomada sobre la ley de Discapacidad.
El marco legal y la estrategia
El Gobierno sostiene que la prioridad es evitar desbalances financieros y cita el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda norma que implique gastos no previstos debe señalar la fuente de financiamiento.
La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, trabajan en el diseño jurídico de la medida, en coordinación con la Procuración del Tesoro que encabeza Santiago Castro Videla. Mirada puesta en 2026
En paralelo, el oficialismo busca ganar tiempo hasta la discusión del Presupuesto 2026, donde pretende incluir la definición sobre la asignación de fondos. En el sector más duro de la administración incluso consideran que lo mejor sería que las demandas contra el Ejecutivo sean iniciadas por particulares, de modo que los procesos se fragmenten y se dilaten.
“Lo que nos interesa es mantener la estabilidad fiscal”, insisten en el Gobierno, dejando claro que la pulseada con el Congreso aún no terminó.
