⚖️ Golpe judicial al Gobierno: obligan a Milei a pagar $2,5 billones a universidades y peligra el superávit

⚖️ Golpe judicial al Gobierno: obligan a Milei a pagar $2,5 billones a universidades y peligra el superávit

La Justicia le ordenó al gobierno de Javier Milei desembolsar cerca de $2,5 billones en abril para cumplir con la ley de Financiamiento Universitario, lo que podría impactar directamente en el equilibrio fiscal que la gestión busca sostener.

La decisión fue ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que confirmó la vigencia de la norma sancionada en 2025 y fijó como plazo este viernes para que el Estado transfiera los fondos adeudados a las universidades.

📌 Puntos clave del fallo

🔹 Pago millonario obligatorio: El Gobierno deberá girar unos $2,5 billones para actualizar salarios docentes y becas según la inflación.

🔹 Impacto en el superávit: El cumplimiento de la medida podría interrumpir la racha de equilibrio fiscal impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien en marzo logró un superávit financiero de $484.789 millones.

🔹 Salarios en caída: Según el fallo, los sueldos docentes perdieron cerca de un 50% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023.

🔹 Respaldo judicial a universidades: La resolución, firmada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, ratifica una cautelar a favor del Consejo Interuniversitario.

⚠️ La postura del Gobierno

Desde la Casa Rosada sostienen que la ley no previó fuentes de financiamiento específicas, por lo que su aplicación pondría en riesgo el equilibrio fiscal. En ese sentido, argumentaron que cumplir con la norma implicaría un gasto no contemplado en el presupuesto.

Sin embargo, la Cámara consideró que la voluntad del Congreso de reforzar el financiamiento universitario debe prevalecer por sobre esas objeciones.

🎓 Un conflicto que escala

El fallo profundiza la tensión entre el Gobierno y el sistema universitario, en un contexto de reclamos por salarios, presupuesto y condiciones de funcionamiento.

Ahora, el Ejecutivo enfrenta una decisión clave: acatar la orden judicial y resignar parte de su estrategia fiscal, o abrir un nuevo frente de conflicto institucional.

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