El cabo primero Héctor Guerrero, integrante de la Gendarmería Nacional, será finalmente indagado por la Justicia tras haber disparado una granada de gas lacrimógeno que impactó de lleno en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo durante la represión del 12 de marzo pasado. La citación se produciría el 2 de septiembre, exactamente seis meses después del hecho, y luego de múltiples pedidos de la querella que fueron ignorados por la jueza federal María Servini.

A pesar del intento de encubrimiento institucional y político, una investigación colectiva integrada por organizaciones de derechos humanos, medios independientes y peritos forenses logró reconstruir el hecho y determinar de forma irrefutable que Guerrero fue el autor del disparo. El proyectil, lanzado de manera horizontal desde un camión hidrante, violó todos los protocolos de actuación y estuvo a centímetros de matar al fotógrafo, quien continúa internado en proceso de rehabilitación.
La querella, acompañada por el CELS y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, presentó hasta tres pedidos formales para que Guerrero sea citado por tentativa de homicidio agravado, abuso de autoridad y uso indebido del arma reglamentaria. Sin embargo, la respuesta judicial llegó recién ahora, en medio del malestar social por la lentitud del proceso y la falta de avances visibles.
La causa también quedó marcada por la decisión de Gendarmería de cerrar el sumario interno en tiempo récord, sin sancionar al responsable y calificando el hecho como “fortuito”. Este accionar generó fuertes críticas hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acusan de encubrir al gendarme y de promover la impunidad institucional.
Mientras tanto, Grillo y su familia esperan que la Justicia actúe con firmeza. Aún con secuelas físicas y emocionales, el fotógrafo busca que se haga justicia no solo por él, sino por todos los trabajadores de prensa que sufren violencia estatal mientras ejercen su labor.
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