El ministro de Defensa, Luis Petri, firmó recientemente contratos por un total de $25.000 millones cada seis meses con un laboratorio privado que ha sido señalado en investigaciones anteriores por presuntos casos de sobornos en licitaciones públicas. La decisión, que según fuentes habría sido impulsada por Karina Milei, generó fuertes cuestionamientos tanto dentro como fuera del ámbito militar.
De acuerdo a fuentes internas del Ejército, los contratos se oficializaron sin un proceso de licitación transparente, lo que encendió alarmas en sectores que denuncian una preocupante falta de controles en la asignación de recursos. “Hay una hemorragia de fondos que no se detiene”, expresó un alto mando bajo condición de anonimato.
📉 El malestar en las Fuerzas Armadas se profundiza en un contexto de ajuste presupuestario generalizado, donde muchas áreas operativas carecen de inversión en infraestructura, mantenimiento de equipos y salarios adecuados. La millonaria contratación, en cambio, aparece como injustificada o, al menos, poco prioritaria para las necesidades del área.
El laboratorio beneficiado, que ya había sido objeto de denuncias judiciales en gobiernos anteriores por su participación en maniobras de corrupción, vuelve a estar en el centro de la escena por su relación con funcionarios del actual gobierno. Aunque no se conocen públicamente los detalles del convenio, trascendió que la contratación estaría vinculada al suministro de insumos médicos y servicios logísticos que podrían haberse gestionado a través de canales institucionales ya existentes.
🧩 Analistas y dirigentes opositores advierten que este tipo de decisiones deteriora aún más la confianza en la administración pública y podría tener consecuencias legales si se comprueban irregularidades en la ejecución de los fondos.
Por el momento, ni el Ministerio de Defensa ni la Secretaría General de la Presidencia han dado explicaciones públicas sobre los motivos de esta elección ni sobre los antecedentes del proveedor.
📍 El caso podría escalar judicialmente si se confirman los vínculos entre el laboratorio y funcionarios actuales, y ya hay organizaciones especializadas en control del gasto público que reclaman mayor transparencia.
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