La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la subasta de viviendas construidas bajo el programa Procrear reabrió el debate sobre el acceso a la vivienda y marcó el cierre definitivo de una política habitacional que funcionó durante más de una década.
Las unidades serán rematadas a través del sistema electrónico SUBAST.AR, administrado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), según lo dispuesto por la resolución 396/2025 publicada en el Boletín Oficial.
El proceso forma parte de la liquidación final del fondo Procrear, disuelto por la actual gestión. Los inmuebles que quedaron bajo dominio del Estado serán puestos a la venta para recaudar fondos destinados a cubrir obligaciones pendientes del programa.
🔍 ¿Qué viviendas serán subastadas?
Las subastas incluirán unidades edificadas total o parcialmente en el marco del Procrear. Se trata de obras que cuentan con distintos grados de avance y que habían sido financiadas mediante el histórico plan habitacional.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijará el valor base de cada vivienda, garantizando criterios técnicos y transparentes.
🏛️ De Procrear a la subasta: cómo se llegó a esta instancia
El Procrear fue creado en 2012 con el objetivo de facilitar créditos hipotecarios en condiciones accesibles para familias de todo el país. Sin embargo, el programa fue disuelto en noviembre de 2024 y su liquidación quedó definida por la resolución 764/2025, que además trasladó los créditos activos al Banco Hipotecario S.A.
Según el Gobierno, la continuidad del plan implicaba una “carga fiscal insostenible”, por lo que se propuso que el financiamiento habitacional quede bajo la órbita del sistema bancario privado.
🖥️ ¿Cómo será el mecanismo de inscripción?
Aunque aún no se anunció una fecha oficial para el inicio de los remates, todas las operatorias se realizarán mediante la plataforma SUBAST.AR, que concentra la inscripción, validación de identidad y presentación de ofertas.
El sistema garantiza trazabilidad de las pujas, notificaciones automáticas y la eliminación de intermediarios, asegurando un proceso transparente y abierto para cualquier persona interesada.
Una vez definida la fecha de inicio, la convocatoria deberá difundirse públicamente para asegurar la participación de la mayor cantidad de oferentes posible.
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