La Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE), conquistada gracias a la histórica movilización de la marea verde y sancionada por el Congreso Nacional, atraviesa en 2025 un contexto preocupante. Organizaciones de derechos humanos advierten sobre un retroceso en el acceso efectivo al derecho, producto de la falta de recursos y políticas públicas por parte del Gobierno nacional.
Según datos de Amnistía Internacional, durante 2025 se triplicaron las denuncias por obstáculos en el acceso al aborto en comparación con el año anterior. Las comunicaciones recibidas por la organización dan cuenta de demoras injustificadas, derivaciones innecesarias, falta de información, ausencia de insumos y restricciones en hospitales y centros de salud de distintas provincias.
Especialistas y referentes del movimiento feminista coinciden en señalar que estos obstáculos no son hechos aislados, sino consecuencia directa de la decisión del Gobierno de no garantizar el financiamiento ni los recursos necesarios para implementar la ley de manera plena. La falta de capacitación del personal de salud, el desabastecimiento de medicamentos y el debilitamiento de los programas nacionales de salud sexual y reproductiva impactan de forma directa en el ejercicio de un derecho que es ley desde 2020.
La Ley IVE establece que el Estado debe asegurar el acceso gratuito, seguro y oportuno a la interrupción del embarazo, sin discriminación ni dilaciones. Sin embargo, la ausencia de una política activa por parte del Ejecutivo nacional genera un escenario de desigualdad, donde el cumplimiento de la norma depende del lugar de residencia y de la voluntad de cada institución sanitaria.
A cinco años de su sanción, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sigue vigente, pero su cumplimiento efectivo se ve amenazado. Organismos de derechos humanos advierten que sin presupuesto, sin insumos y sin decisión política, los derechos conquistados corren el riesgo de transformarse en letra muerta.
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