La Justicia dio un nuevo paso en la causa Vialidad al ordenar la ejecución de bienes de los principales condenados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez, con el objetivo de recuperar el dinero considerado como perjuicio al Estado.
La decisión fue tomada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes rechazaron los recursos presentados por las defensas y ratificaron el decomiso por un monto estimado en $685.000 millones.
En total, la medida alcanza a 111 bienes identificados por la fiscalía. En una primera etapa, se avanzará sobre unas 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner, incluyendo inmuebles a nombre de la ex mandataria y otros heredados por sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
En paralelo, la resolución también impacta sobre más de 80 propiedades vinculadas a Báez, muchas de ellas asociadas a empresas que formaban parte del esquema investigado en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.
En el fallo, los magistrados remarcaron que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso si fueron transferidos a terceros o heredados, y señalaron que en este tipo de delitos no es necesario acreditar una trazabilidad absoluta del dinero.
El objetivo de la medida, según indicaron, es evitar que los delitos generen beneficios económicos y avanzar en la reparación del daño causado al Estado.
Con esta resolución, el Tribunal Oral Federal 2 quedó habilitado para avanzar con la ejecución de los bienes, en un proceso que podría escalar hasta la intervención de la Corte Suprema.
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