El caso de la docente Silvia Vera en Tucumán, acusada de «adoctrinamiento» por declaraciones políticas en el aula, ha vuelto a poner en el centro del debate la ofensiva ideológica que lleva adelante el gobierno de Javier Milei contra la docencia. Pero no se trata de un hecho aislado: la denuncia, grabación y exposición pública de Vera se suma a múltiples casos de persecución docente a nivel nacional.
El episodio en Tucumán comenzó con una grabación secreta realizada por un estudiante de 14 años en una clase de físico-química. En ese audio, la profesora califica insulta a Milei calificándolo como «socio-sionista”, “pedófilo”, lo que derivó en la viralización del contenido en redes sociales y su amplificación en medios afines al gobierno. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, intervino de inmediato exigiendo explicaciones al Ministerio de Educación provincial, lo que motivó la apertura de un sumario y posibles sanciones contra la docente.
En el comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano solicita la aplicación de medidas en nombre de “su compromiso con una educación basada en la libertad que garantice que los entornos escolares sean espacios seguros para el desarrollo integral de cada estudiante”.
Inmediatamente la ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, solicitó la intervención de las autoridades del colegio (privado) y sostuvo que “es lamentable que ocurra esto en cualquier colegio de la provincia, no solo por el adoctrinamiento, sino por la forma de referirse a cualquier persona y más aún a la investidura de presidente”. Recordemos que la ministra Montaldo fue una de las impulsoras de la ley provincial que establece al mes de septiembre como “mes de la biblia” y que incluye la difusión de material religioso en las escuelas. Estos funcionarios, que se indignan contra el “adoctrinamiento” por las opciones personales de tal o cual docente en un aula, son los mismos que sostienen la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas públicas.
Hasta el momento, ningún gremio docente se ha pronunciado en contra de esta avanzada del gobierno por controlar lo que se dice en las aulas en nombre de la “libertad”.
Este mecanismo de grabaciones clandestinas, exposición pública, condena mediática y castigo institucional se ha convertido en un patrón bajo el gobierno de La Libertad Avanza, que promueve el miedo en las aulas para imponer un discurso único. A esto se suma la existencia de una «línea de denuncias» habilitada por el Ministerio de Capital Humano para que estudiantes puedan reportar casos de supuesto adoctrinamiento, evocando métodos de vigilancia y delación incompatibles con cualquier pedagogía crítica.
Pero además es clara la doble vara de un gobierno que promueve abiertamente una furibunda propaganda “anticomunista”, “antiwoke”, etc., y que no se priva de llevar ese discurso a la televisión (con su Paka Paka libertario) y a las aulas: solo basta recordar el discurso de Milei en el Instituto Cardenal Copello, cuando tildó al movimiento de mujeres como “asesinas de pañuelos verdes”. En este caso, el adoctrinamiento también se hace en nombre de la “libertad”.
Río Negro y La Pampa: antecedentes de la censura “libertaria” en las aulas
En abril de este año, en la provincia de Río Negro, se vivió una situación similar cuando legisladores del PRO y de La Libertad Avanza denunciaron públicamente a trabajadoras de la educación por haber utilizado en el aula material crítico del macrismo y del actual gobierno. También allí se apeló a los medios y a la presión institucional para censurar el contenido pedagógico y perseguir ideológicamente a las docentes.
El gremio Unter salió al cruce de las acusaciones, defendiendo la libertad de cátedra y señalando que lo que se denuncia como «adoctrinamiento» no es más que el ejercicio del pensamiento crítico en el aula. Lejos de casos aislados, se trata de un modelo que busca ser replicado en distintas provincias, con el aval o la complicidad de los gobiernos locales.
Otro caso preocupante ocurrió en la provincia de La Pampa donde una docente fue sancionada con una multa millonaria por expresar, en el marco de un debate y explicación de un tema, su posicionamiento frente al genocidio del pueblo palestino.
Una política estatal contra el pensamiento crítico
La ofensiva del gobierno nacional contra las y los docentes no es casual ni improvisada. Milei ha declarado abiertamente su intención de eliminar toda forma de educación crítica, ha acusado de forma generalizada a los docentes de ser «adoctrinadores» y ha atacado los contenidos de educación sexual, derechos humanos y ciencias sociales.
En paralelo, su gobierno ha cerrado el INADI, desfinanciado la educación pública, reducido los salarios docentes vía paritarias a la baja y promovido protocolos represivos contra la protesta estudiantil. Todo esto conforma una política de Estado orientada a disciplinar al sistema educativo y convertirlo en un aparato de reproducción ideológica conservadora, antiderechos y reaccionaria.
Libre expresión, ESI y persecución a los docentes
El ataque a la libertad pedagógica no se limita a opiniones políticas aisladas. En su cruzada ideológica, el gobierno de Milei también ha puesto en la mira a la Educación Sexual Integral (ESI), los contenidos de géneros y los enfoques de derechos. Diversos sectores oficialistas y libertarios acusan a la ESI de “adoctrinar” con “Ideología de género” promoviendo su eliminación y en su reemplazo contenidos neutrales y conservadores, y violar los derechos consquistados. El primero en anotarse en esa avanzada fue Osvaldo Jaldo y su ministra Susana Montaldo, que eliminó el programa ESI en Tucumán.
Esta ofensiva trata de un proyecto autoritario que busca suprimir el pensamiento crítico, con enseñanza científica o emancipadora. Se instala así el régimen del miedo que atenta directamente con la libertad de expresión a las aulas y se refuerza la censura.
Defender la docencia es defender la libertad
Frente a esta ofensiva, es urgente una respuesta unificada de la docencia, los sindicatos, el movimiento estudiantil y todas las organizaciones democráticas. La defensa de la libertad de cátedra, del derecho a enseñar y a opinar, no es sólo una reivindicación gremial: es una bandera democrática fundamental.
Desde la Agrupación Marrón Docente repudiamos la persecución a Silvia Vera y a todas las docentes perseguidas por pensar distinto. Exigimos el cierre de los sumarios, el fin de la línea de denuncias y la garantía plena de la libertad pedagógica. Porque sin libertad para pensar, no hay educación posible. Y sin educación crítica, no hay futuro digno para la clase trabajadora.
