Caso ABES: Pedro Troglio pidió la detención de uno de los principales investigados por la presunta estafa inmobiliaria

Caso ABES: Pedro Troglio pidió la detención de uno de los principales investigados por la presunta estafa inmobiliaria

El entrenador de Banfield y exfutbolista Pedro Troglio amplió su presentación judicial en la causa que investiga una presunta estafa inmobiliaria vinculada a la desarrolladora ABES y solicitó que se disponga la detención de Diego Lacki, uno de los principales apuntados por los damnificados.

La investigación se tramita en La Plata y reúne denuncias de inversores que aseguran haber colocado dinero en distintos fideicomisos inmobiliarios cuyos proyectos quedaron paralizados. Según distintas presentaciones judiciales y reportes periodísticos, el perjuicio denunciado podría alcanzar los US$20 millones, con alrededor de 160 damnificados.

Troglio aportó nuevos elementos a la causa

A través de su abogado, Miguel Molina, el director técnico incorporó documentación y material de comunicaciones que, según la querella, permitirían profundizar la investigación sobre la operatoria utilizada para captar inversores.

Entre los elementos presentados figuran audios de conversaciones mantenidas por WhatsApp y comprobantes de transferencias bancarias realizadas hacia cuentas en Estados Unidos. La querella sostiene que estos elementos deben ser analizados para establecer el destino de los fondos y las responsabilidades de quienes aparecen vinculados con los proyectos.

Troglio ya había declarado ante la Justicia como damnificado. En marzo, durante su declaración testimonial, relató cómo había sido contactado para invertir en emprendimientos de ABES y describió las promesas de rentabilidad y entrega de unidades que, según su denuncia, finalmente no se cumplieron.

Una inversión de casi US$160.000

El entrenador comenzó a invertir en proyectos vinculados a ABES en 2024. De acuerdo con la denuncia difundida por distintos medios, realizó una primera operación por unos US$64.000 y posteriormente incorporó otra unidad por aproximadamente US$93.000.

La segunda operación correspondía al fideicomiso ABES Lucero, mientras que la primera estaba vinculada al proyecto ABES Dezzeo. Según la presentación, ambas inversiones contemplaban condiciones de rentabilidad y la futura entrega de los departamentos.

El propio Troglio había contado públicamente que inicialmente recibió rentas, pero que posteriormente los pagos se interrumpieron y las obras comenzaron a registrar demoras. También explicó que parte del dinero fue transferido a cuentas radicadas en Estados Unidos.

Una causa que suma denuncias

El expediente creció durante los últimos meses con nuevas presentaciones de inversores. La Justicia investiga a Diego Lacki y a otras personas vinculadas a la administración y comercialización de los proyectos, en una causa que contempla posibles delitos de estafa y administración fraudulenta.

En febrero, el fiscal Gonzalo Petit Bosnic imputó a Lacki y a Macarena Núñez y solicitó distintas medidas de investigación, entre ellas el relevamiento de obras y la recepción de testimonios de los denunciantes.

Además, otros damnificados describieron un mecanismo similar: inversiones en departamentos “en pozo”, promesas de rentabilidad y avances de obra que posteriormente no se concretaron. La Nación informó que existen múltiples víctimas que relataron patrones coincidentes en sus denuncias.

El pedido de detención deberá ser evaluado por la Justicia

Con la ampliación de la querella, la representación de Troglio solicitó que Lacki sea detenido y también pidió que otras dos personas vinculadas a la firma sean citadas a prestar declaración indagatoria.

El pedido deberá ser analizado por la Justicia en el marco de una investigación que continúa abierta. Hasta el momento, las acusaciones forman parte de un expediente penal en trámite y rige el principio de inocencia para las personas investigadas mientras no exista una sentencia firme.

La causa también tomó relevancia por la cantidad de inversores afectados y por el volumen económico denunciado. En enero, La Nación informó que había 12 obras paralizadas y unos 160 damnificados que reclamaban por sus inversiones.

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