Tras una sesión marcada por negociaciones entre el oficialismo y la oposición, la iniciativa sobre discapacidad obtuvo 237 votos a favor. También avanzó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que incorpora nuevamente las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de relevancia política y social durante una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada del jueves. Por un lado, dio media sanción a una nueva normativa para fortalecer el sistema de discapacidad; por otro, avaló con modificaciones la iniciativa de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales.
Ambas iniciativas deberán volver al Senado para continuar su tratamiento. El resultado de las votaciones reflejó dos escenarios diferentes: un amplio consenso en materia de discapacidad y una definición ajustada en el proyecto vinculado con la propiedad privada.
Discapacidad: amplio respaldo y cambios al proyecto oficialista
El proyecto para fortalecer el sistema de discapacidad consiguió 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El resultado fue producto de negociaciones entre La Libertad Avanza y distintos bloques opositores, que reclamaron modificaciones para garantizar prestaciones, financiamiento y regularidad en los pagos.
Entre los cambios incorporados se encuentra la compatibilidad de las pensiones no contributivas con el empleo formal y con la Asignación Universal por Hijo por discapacidad. También se incluyeron garantías para el funcionamiento del programa Incluir Salud, previsiones presupuestarias y un cronograma para cancelar las deudas con prestadores.
Las modificaciones fueron impulsadas durante las conversaciones parlamentarias, con un papel destacado del diputado Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal. El oficialismo aceptó los planteos para reunir los apoyos necesarios y evitar que prosperara una iniciativa alternativa promovida por sectores de la oposición.
El resultado representa un avance para las organizaciones y prestadores que vienen reclamando previsibilidad financiera y continuidad en las prestaciones. Sin embargo, el proyecto todavía necesita la aprobación del Senado para convertirse en ley.
Ley de Tierras: una votación ajustada y un cambio político
La iniciativa de inviolabilidad de la propiedad privada fue aprobada en general por 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones. Las abstenciones fueron determinantes para que el oficialismo consiguiera avanzar con el proyecto.
El punto de mayor relevancia fue la incorporación de un capítulo que deja sin efecto la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023 y restablece la vigencia de la Ley 26.737.
Esa norma establece restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales, entre ellas un límite general del 15% en los ámbitos nacional, provincial y municipal, además de otras condiciones para la adquisición de esos terrenos.
El capítulo específico sobre tierras obtuvo un respaldo mucho más amplio: 239 votos afirmativos, 4 negativos y 6 abstenciones. La modificación se incorporó en medio de la disputa política y judicial en torno al alcance del decreto firmado por el presidente Javier Milei.
No obstante, el proyecto de propiedad privada también contempla cambios en los procedimientos de desalojo, las condiciones para las expropiaciones y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.
Como Diputados modificó el texto que ya había recibido aprobación del Senado, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su revisión.
El endeudamiento familiar quedó pendiente
La sesión también incluyó el debate sobre el endeudamiento de los hogares, un tema impulsado por sectores opositores frente a las dificultades de muchas familias para afrontar sus compromisos financieros.
En ese caso, el oficialismo consiguió que el proyecto regresara a comisión, por lo que no hubo una definición en el recinto.
La jornada dejó así un resultado mixto para el Gobierno: consiguió avanzar con su iniciativa sobre propiedad privada, aunque debió aceptar la restitución de la Ley de Tierras, y respaldó un proyecto de discapacidad que incorporó modificaciones reclamadas por distintos bloques.
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