El Poder Ejecutivo envió un proyecto para modificar el Régimen Penal Juvenil, una inquietud que atraviesa a todos los partidos políticos. La normativa encendió las alarmas por la proporción de hechos en relación con mayores de 18 años.
El Gobierno de Javier Milei presentó en junio un proyecto de ley para reducir la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 13 años. La propuesta forma parte de un tema que ha estado en agenda en la Argentina desde hace mucho tiempo, pero que particularmente en 2024 tomó fuerza por el asesinato del playero Bruno Bussanich en la ciudad de Rosario a manos de un sicario de apenas 15 años.
La normativa se justifica, según la Administración libertaria, con el argumento de que existe un porcentaje creciente de delitos en el país cometido por adolescentes. También, por el flagelo del narcotráfico, especialmente en la mencionada ciudad santafesina, donde señalan que los menores son utilizados como “soldaditos narco”, enviados por los grupos criminales para cometer este tipo de hechos.
Por el lado contrario, hay instituciones y organismos que indican que la proporción de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal es muy baja en comparación con la población mayor de 18 años. Sin ir más lejos, autoridades judiciales y eclesiásticas, encabezadas por el obispo de San Isidro Mons. Oscar Ojea, se reunieron en una parroquia de San Justo para rechazar esta iniciativa. El titular de la Conferencia Episcopal pidió “tener una visión más crítica» de las situaciones mediáticas, donde «parecería haber una insistencia o demonización del delito de los menores para no tener una visión parcial».