El Senado de la Nación aprobó este jueves la ley que asegura la actualización de los presupuestos de las universidades públicas, iniciativa que obtuvo un amplio respaldo de 58 votos afirmativos contra 10 negativos, además de algunas abstenciones. La medida representa un nuevo revés legislativo para el Gobierno de Javier Milei, que ya anticipa el veto presidencial.
Actualización de partidas y paritarias obligatorias
La norma establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudio deberán actualizarse tomando como referencia la inflación acumulada entre mayo y diciembre de 2024, mientras que durante 2025 se aplicarán incrementos bimestrales.
Además, el Ejecutivo deberá recomponer los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con aumentos que no podrán ser inferiores a la inflación del período. También se obliga a convocar a paritarias cada tres meses como máximo, con cláusulas de actualización mensual.
Debate en la Cámara Alta
En el recinto, el senador peronista Fernando Salino advirtió que las transferencias al sistema universitario se redujeron un 22,5% respecto a 2023 y calculó el costo fiscal de la norma en un 0,12% del PBI. Por su parte, el radical Maximiliano Abad cuestionó la falta de planificación del Gobierno: “Gobernar sin Presupuesto es como navegar sin brújula”, afirmó.
Otros legisladores, como José María Carambia, remarcaron que la votación no se trata de una disputa personal contra el presidente sino de una necesidad del sistema educativo. En tanto, el radical Flavio Fama defendió a las universidades públicas y pidió auditorías claras para despejar acusaciones de irregularidades.
Desde el oficialismo, el jefe del bloque libertario Ezequiel Atauche cerró el debate criticando el desempeño educativo y señalando problemas de comprensión lectora en la educación inicial. A su vez, apuntó contra lo que describió como un uso ideológico de las aulas durante las últimas décadas.
Un conflicto abierto
La sanción de la ley abre un nuevo frente de tensión entre el Congreso y la Casa Rosada. Si el presidente concreta el veto, la oposición podrá insistir con la aprobación, aunque para ello necesitará alcanzar los dos tercios en ambas Cámaras.
