La investigación judicial en torno al viaje que realizó el vocero presidencial Manuel Adorni a Punta del Este sumó nuevas medidas en las últimas horas. El juez federal Ariel Lijo dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de personas y empresas vinculadas al vuelo privado utilizado en ese traslado.
El objetivo central de la causa es determinar quién financió el viaje y si existieron posibles irregularidades en su contratación. Entre las firmas bajo análisis aparece Imhouse S.A., señalada como presunta responsable del pago del tramo de ida.
De acuerdo con información incorporada al expediente, ese vuelo hacia Uruguay habría sido abonado mediante una transferencia cercana a los 4.830 dólares a la empresa aérea Alpha Centauri S.A., lo que ahora será parte del análisis judicial.
La investigación busca establecer si el viaje tuvo carácter exclusivamente privado o si existió algún tipo de beneficio incompatible con la función pública. En ese marco, el magistrado solicitó a la Secretaría General de la Presidencia que informe si hubo autorización oficial, asignación de viáticos o algún tipo de rendición de gastos vinculada a la estadía.
Además, ya se habían requerido registros fílmicos del aeropuerto de San Fernando, junto con documentación comercial del vuelo y datos sobre otros movimientos aéreos en la misma franja horaria, con el fin de reconstruir las condiciones del traslado.
La causa es impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien intenta determinar si el caso podría encuadrarse en delitos como dádivas o enriquecimiento ilícito. Por el momento no hay imputaciones definidas, pero las medidas apuntan a seguir el circuito financiero y esclarecer si hubo vínculos entre las empresas involucradas y el Estado.
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