La adhesión de varios funcionarios y exfuncionarios nacionales al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias reavivó el debate en torno a la denominada Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el Gobierno para modificar los criterios de investigación de delitos tributarios y reducir la carga burocrática sobre contribuyentes y empresas.
Entre quienes se incorporaron al régimen figuran Juan Pazo, ex titular de ARCA y ex socio del ministro de Economía, Luis Caputo; su sucesor en el organismo, Andrés Vázquez; el diputado nacional José Luis Espert; el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, entre otros.
La controversia surgió porque varios de ellos participaron activamente en la elaboración, promoción o defensa pública de la iniciativa. Pazo, por ejemplo, fue uno de los encargados de presentar el proyecto cuando estaba al frente de ARCA y sostuvo entonces que la reforma permitiría concentrar los esfuerzos del Estado en casos de evasión fiscal de mayor magnitud.
Desde el oficialismo defienden la medida y aseguran que busca modernizar el sistema tributario, elevar los montos mínimos para la persecución penal y reducir la litigiosidad. Según argumentan, miles de expedientes por diferencias menores quedaban judicializados sin representar maniobras significativas de evasión.
Sin embargo, sectores de la oposición cuestionan que algunos de los impulsores de la norma se hayan convertido luego en beneficiarios del régimen, lo que generó críticas y pedidos de explicaciones sobre posibles conflictos de interés.
Mientras continúa la discusión política, el régimen sigue vigente y forma parte de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional dentro de su estrategia de simplificación tributaria y desregulación económica.
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