Madres y padres de estudiantes que participan de tomas en escuelas secundarias recibieron ayer notificaciones en las que se les informó que esa acción infringe el artículo 60 del Código Contravencional porteño, lo que consideraron un acto de «criminalización de la protestas» que «persigue al que piensa distinto», según dijeron a Télam.
Lejos de convocar al diálogo, el Ejecutivo porteño eligió escalar el conflicto de la toma de escuelas. Desde la noche de este martes y durante la madrugada, móviles policiales empezaron un “timbreo” muy particular.
Las patrullas de la policía porteña llegaron hasta los domicilios particulares entre de padres del Mariano Acosta y el Lenguas Vivas (el “Lengüitas”), en algunos casos pidiendo información sobre horarios y datos personales; en otros, exigiendo la firma de una notificación extraña.
Uno de estos episodios fue grabado y quedó documentado mediante el audio adjunto a esta información, donde el oficial lee una confusa acusación a un padre del Lengüitas.
Repudio a las intimidaciones
Referentes políticos, sociales y de derechos humanos manifestaron su rechazo y preocupación por el accionar del gobierno porteño que este martes por la noche envió efectivos de la Policía de la Ciudad a las casas de las familias de los estudiantes que realizan tomas en escuelas públicas, para notificarlos que deberán pagar de $1,5 millón por cada día de toma.
La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, pidió que haya diálogo entre el Gobierno porteño y los estudiantes».
«Entre este miércoles y jueves saldrá un pedido de nuestro organismo convocando a las autoridades del Ministerio de Educación porteño, a los directivos y a los representantes de los centros de estudiantes para sentarnos a dialogar», aseguró Muiños, quien resaltó que el intento de diálogo es «una situación difícil».
«De hecho, la Defensoría hizo un operativo esta semana visitando colegios secundarios de gestión pública para ver el estado de la infraestructura y en algunos no nos permitieron ingresar argumentando que tenían una nota del Ministerio de Educación que lo prohibía», argumentó.
Además, Muiños sostuvo que «el Gobierno porteño considera que tanto la salud como la educación tienen que ser cogestionadas con el sector privado y que eso los exime de responsabilidad».
En tanto, el CELS alertó que las medidas del Ejecutivo local «cumplen con el rol de atemorizar y debilitar la organización de las protestas».
El CELS advierte que las denuncias contra alumnos y padres de colegios tomados son «inviables»
«La campaña del Gobierno de la Ciudad para amedrentar a estudiantes y familiares que participan en las tomas de las escuelas continuó ayer con policías en patrulleros que fueron a notificar a los jóvenes denunciados a las puertas de sus casas», expuso la organización en un hilo de Twitter.
Además enumeró las «medidas intimidatorias» del Gobierno porteño a lo largo de la semana.
«La primera fue amenazar en los medios de comunicación con hacerles denuncias penales a padres y madres de les alumnes», sostuvo, mientras otra de ellas fue el pedido a la Procuración General por parte de la ministra de Educación Soledad Acuña de exigir «que les padres y madres del colegio Mariano Acosta paguen un millón y medio de pesos diarios el tiempo que dure la toma».
En tanto, «les alumnes del Lenguas Vivas, Lorca y Liceo 5 denunciaron el martes que en las cercanías de las escuelas, policías les pidieron identificación e información sobre docentes y sobre lo que sucedía en las tomas», continuó la publicación.
«Aunque estas medidas no sean viables jurídicamente, cumplen con el rol de atemorizar y debilitar la organización de las protestas. Estas estrategias implican restringir derechos y legitimar la respuesta estatal violenta», concluyó.
Al respecto, el director del Área de Litigio y Defensa Legal del centro estudiantil, Diego Morales, dijo a Télam que le parecía «absolutamente inviable» que el gobierno porteño pueda tomar acciones legales contra los padres de los adolescentes, pero «este martes a la tarde nos enteramos que efectivamente se pasó al acto».
Y relató que distintas familias empezaron a recibir notificaciones vinculadas con el inicio de acciones contravencionales. «Esta idea de pensar el problema a partir de su criminalización, entonces ahora todos estamos sobre la criminalización y no sobre las cuestiones de fondo», añadió.
Por último, Morales destacó el efecto inhibidor que tiene esto que hace el GCBA porque las familias están ahora en una situación dilemática entre acompañar a sus hijos en su reclamo o discutir la necesidad de dar marcha atrás, «esto es lo que se logra con ese proceso de criminalización, lograron que la protesta se reduzca a su mínima expresión».
«El Gobierno de CABA dio ‘órdenes’ al Poder Judicial y a la Policía de la Ciudad para amedrentar a familias de estudiantes en sus casas en plena noche. Apelan a la persecución y el disciplinamiento para gobernar. Es gravísimo. Es la esencia de la nefasta antipolítica de Larreta», publicó en Twitter la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta.
«¿Dónde está Horacio Rodríguez Larreta mientras manda a la policía a notificar una contravención municipal en los domicilios de padres y madres de estudiantes secundarios en medio de la noche?», se preguntó la senadora por el Frente de Todos (FDT), Juliana Di Tullio, en su cuenta de Twitter, y recordó que, semanas atrás, había pedido «la presencia de la Federal en las cuevas ilegales» y fue criticada bajo el argumento de «la desprotección de los porteños».
«Hoy, la policía notifica a miles de hogares de estudiantes en plena madrugada. ¿CABA no está desprotegida esta noche?», expresó Di Tullio.
