La tensión entre el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo luego de que el Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA), liderado por Guillermo Marconi, acusara al organismo de manejar las designaciones arbitrales de manera discrecional y de influir en los resultados.
En un documento público, Marconi aseguró que desde hace siete años vienen denunciando “irregularidades graves” en la forma en que se eligen los árbitros, además de conductas que —según el gremio— evidencian intentos de manipulación dentro de los partidos. Desde el sindicato reclaman una reforma profunda que permita recuperar la credibilidad del fútbol argentino y que, afirman, hoy está deteriorada.
Un conflicto que mezcla fútbol y política
La disputa escaló tras la decisión de Tapia de otorgar a Rosario Central el título de campeón por la tabla anual, medida que fue duramente cuestionada por Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata. La polémica creció cuando el plantel pincharrata dio la espalda durante la premiación, gesto que desató un efecto dominó en el ambiente futbolero.
Las críticas hacia Tapia también resonaron en distintos estadios, mientras sectores cercanos al Gobierno acusaban a la AFA de favorecer o perjudicar equipos según conveniencias. El presidente Javier Milei respaldó públicamente a Verón y reiteró su postura a favor de incorporar capitales privados en los clubes. Incluso anunció que no asistirá al sorteo del Mundial de 2026 en Estados Unidos como una señal de rechazo.
Lejos de descomprimir la situación, la AFA respondió con sanciones: Verón fue suspendido por seis meses y los jugadores involucrados recibieron dos fechas de castigo para el próximo torneo, pese a que Estudiantes ya está clasificado a semifinales.
El reclamo de SADRA
En este clima de confrontación, Marconi volvió a apuntar contra la gestión Tapia. Denunció presiones constantes sobre los árbitros y un sistema de designaciones “hecho a dedo”, que —según SADRA— perjudica tanto a jueces como a dirigentes y genera un escenario de desconfianza generalizada en el torneo local.
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