El Gobierno habilitó la privatización total de AySA: qué requisitos deberá cumplir el nuevo operador

El Gobierno habilitó la privatización total de AySA: qué requisitos deberá cumplir el nuevo operador

En una nueva etapa de su plan de desregulación y ajuste del Estado, el Gobierno nacional habilitó la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa encargada de proveer servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense. La medida fue formalizada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y establece los pasos y condiciones para que un operador privado se haga cargo del servicio.

Con esta decisión, AySA deja de estar excluida del régimen de privatizaciones, como lo estaba desde 2006, cuando el Estado argentino decidió estatizar la prestación del servicio tras el retiro de la empresa francesa Suez. El nuevo marco se inscribe en la Ley Bases, recientemente aprobada, que autoriza al Poder Ejecutivo a avanzar con la venta o concesión de empresas públicas estratégicas.

Qué requisitos deberá cumplir el nuevo operador

El decreto establece que, en caso de concretarse la privatización, la empresa o consorcio que adquiera el control de AySA deberá garantizar:

  • La continuidad, eficiencia y calidad del servicio de provisión de agua potable y saneamiento en todas las áreas actualmente cubiertas.
  • La inversión en infraestructura, con el objetivo de ampliar la cobertura y modernizar redes existentes, especialmente en zonas vulnerables.
  • El cumplimiento de las normativas ambientales, garantizando la potabilidad del agua y el tratamiento adecuado de efluentes.
  • Un esquema de tarifas reguladas, bajo supervisión de un ente de control que continuará en manos del Estado.
  • Mecanismos para asegurar el acceso universal al servicio, con tarifas sociales para sectores de bajos ingresos.

Repercusiones y antecedentes

La medida generó críticas de gremios y sectores políticos opositores, que consideran que el agua es un bien público esencial que no debería quedar bajo control empresarial. Desde el Gobierno, en cambio, argumentan que la empresa opera con un alto déficit y requiere una transformación estructural para garantizar sustentabilidad y eficiencia.

AySA atiende a más de 14 millones de personas en CABA y 26 partidos del conurbano bonaerense. Su privatización podría convertirse en una de las más significativas desde los años ‘90, cuando buena parte de los servicios públicos fueron concesionados a empresas privadas.

En paralelo, el Gobierno también evalúa avanzar con la privatización o concesión de otras empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, y Radio y Televisión Argentina, aunque en esos casos las negociaciones están en diferentes niveles de avance.

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