El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, una normativa que introduce cambios importantes en el sistema de justicia para menores y establece que la edad de imputabilidad pasa de 16 a 14 años en la Argentina.
La ley fue aprobada por el Senado de la Nación Argentina con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, tras intensas negociaciones entre el oficialismo y sectores de la oposición. Si bien la propuesta inicial del Ejecutivo era reducir la edad a 13 años, finalmente se acordó fijarla en 14.
La norma fue oficializada mediante el Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, por lo que ya comenzó a regir en todo el país.
Cómo funcionará el nuevo sistema
Entre los cambios centrales, el nuevo régimen establece que las penas para adolescentes deberán definirse teniendo en cuenta la gravedad del delito, la edad del menor y las circunstancias en las que se cometió el hecho.
La normativa también establece que el objetivo principal no será el castigo, sino la educación, la resocialización y la reinserción social del adolescente, buscando que pueda comprender la gravedad de sus actos y evitar que vuelva a delinquir.
En cuanto a la privación de la libertad, la ley indica que deberá aplicarse solo como último recurso y durante el menor tiempo posible. Además, prohíbe expresamente la aplicación de penas perpetuas para menores y evita que queden con antecedentes penales permanentes.
Otro punto importante es que los adolescentes que deban cumplir una condena deberán hacerlo en centros especializados, con personal capacitado y sin compartir espacios con adultos condenados.
Qué ocurrirá con los menores inimputables
En los casos en que el menor que cometa un delito sea considerado inimputable, la ley establece que deberá intervenir la Justicia con medidas de carácter curativo y de protección, que quedarán bajo la órbita de la Justicia Civil.
Derechos de las víctimas
La nueva normativa también contempla la situación de las víctimas, garantizando que sus derechos sean respetados durante todo el proceso penal. Además, cuando el tipo de delito lo permita, se podrá recurrir a instancias de mediación o conciliación entre las partes.
Con estos cambios, el Gobierno busca reformar el sistema penal juvenil y adaptar el marco legal a nuevas realidades sociales y judiciales.
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