El gobierno de Javier Milei convocó a los gremios estatales a reabrir la discusión paritaria en la Administración Pública Nacional, en un contexto marcado por una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.
Según datos difundidos por los sindicatos, los salarios de los empleados estatales acumulan una caída cercana al 35% desde diciembre de 2023, lo que generó un fuerte malestar dentro de la administración pública y reavivó los reclamos sindicales.
La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, encabezada por Julio Cordero, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello.
El encuentro fue fijado para este 6 de marzo a las 14 horas, cuando el Gobierno se reunirá con representantes de los principales sindicatos estatales para intentar destrabar el conflicto salarial.
Entre los convocados se encuentran la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que conduce Rodolfo Aguiar.
Reclamos sindicales y fuerte malestar
Desde ATE plantearon un reclamo contundente: una recomposición salarial del 45% para recuperar el poder adquisitivo perdido durante el actual gobierno.
Además, el sindicato exige una suma fija extraordinaria de 4 millones de pesos por única vez como compensación por la pérdida salarial acumulada.
Aguiar fue especialmente duro con la gestión libertaria y advirtió que “en los últimos dos años se destruyó el poder adquisitivo de los estatales”, al tiempo que responsabilizó al Gobierno por la crítica situación económica que atraviesan miles de trabajadores del sector público.
Despidos y ajuste en el Estado
El conflicto salarial se da en un escenario marcado por el ajuste impulsado por la administración de Milei. Según denuncian los gremios, más de 65 mil trabajadores estatales fueron despedidos desde el inicio de la gestión, lo que profundizó el clima de conflicto con los sindicatos.
La reapertura de paritarias llega luego del cuarto intermedio dispuesto en diciembre de 2025, cuando las negociaciones quedaron estancadas por la amplia distancia entre los reclamos gremiales y las propuestas oficiales.
Ahora, el nuevo encuentro podría convertirse en una negociación clave para evitar nuevas protestas y medidas de fuerza en el sector público.
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