El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza en la elaboración de un proyecto de ley destinado a mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan para plataformas digitales, con mayor presencia del Estado, controles más estrictos y nuevas herramientas de protección ante riesgos laborales.
La iniciativa es impulsada por la gestión del gobernador Axel Kicillof, a través del Ministerio de Trabajo bonaerense, que conduce Walter Correa, y se desarrolla de manera transversal con la participación de distintos organismos provinciales. Desde la cartera laboral señalaron que, mientras a nivel internacional avanza el debate sobre la regulación del empleo digital —con la OIT analizando nuevos mecanismos de protección—, en la Argentina aún no existe una normativa específica que regule este tipo de trabajo.
En ese marco, desde la Provincia cuestionaron el enfoque del Gobierno nacional, al considerar que promueve un modelo que deja a miles de trabajadores fuera de derechos laborales básicos y de las normas protectorias vigentes.
Los ejes del proyecto
El borrador de la ley se apoya en tres pilares centrales:
- Refuerzo de las inspecciones laborales, con especial foco en las denominadas tiendas invisibles.
- Garantías de salud y seguridad laboral para trabajadores y trabajadoras de plataformas.
- Desarrollo de una aplicación móvil que brinde asistencia, herramientas de seguridad y acceso a beneficios.
Las tiendas invisibles son establecimientos que funcionan a puertas cerradas y se dedican a la venta, almacenamiento, empaque y despacho de productos comercializados mediante plataformas digitales. El proyecto establece que estos espacios deberán cumplir con la legislación laboral vigente y estarán bajo la supervisión directa del Ministerio de Trabajo provincial.
La problemática, según se detalla, afecta tanto a quienes trabajan dentro de estos centros —expuestos a ritmos intensos de producción— como a los repartidores, que en muchos casos esperan pedidos en la vía pública sin condiciones adecuadas de descanso, higiene o seguridad.
Con esta iniciativa, la Provincia busca avanzar en un marco regulatorio propio que garantice derechos, mejore las condiciones laborales y brinde mayor protección a uno de los sectores más precarizados del mercado de trabajo actual.
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