Después de ordenar el decomiso de diversos bienes de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la Causa Vialidad, la Justicia analiza avanzar ahora sobre una propiedad clave: el departamento de San José 1111, ubicado en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. El inmueble forma parte del nuevo listado que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentarán ante el Tribunal Oral Federal N.º 2.
En esta segunda instancia del proceso, los fiscales apuntan a propiedades registradas a nombre de sociedades vinculadas a los imputados, luego de haber priorizado los bienes inscriptos directamente a nombre de los condenados. Dentro de ese paquete aparece el departamento adquirido en 2010 por la familia Kirchner por alrededor de US$370.000, aunque registrado bajo la firma Hotesur, una de las empresas investigadas por presunto lavado de dinero.
Cruce legal con la defensa
La defensa de la expresidenta sostiene que la vivienda no puede ser incautada porque fue cedida a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, quienes también figuran como propietarios del hotel Los Sauces, incluido en el decomiso. Sin embargo, los fiscales argumentan que la compra del departamento se realizó con fondos provenientes de maniobras ilícitas, por lo que estaría alcanzado por los criterios del fallo condenatorio.
El rol de la Corte Suprema
Tras la resolución del TOF 2, los bienes decomisados quedaron bajo la órbita de la Corte Suprema, que deberá inventariarlos, tasarlos y definir su destino final. Este procedimiento estará a cargo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y podría extenderse varios meses.
El máximo tribunal deberá decidir si los bienes —incluido el hotel Los Sauces, valuado en unos US$15 millones— serán destinados a fines sociales o subastados. Los hijos de la expresidenta aún tienen la posibilidad de presentar recursos o amparos que podrían demorar los plazos del proceso.
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