Tras más de once horas de debate, la Cámara de Diputados sancionó la reforma de la Ley de Glaciares en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y movilizaciones dentro y fuera del Congreso.
El proyecto fue aprobado con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, luego de una votación en general y en particular unificada. La iniciativa redefine los criterios de protección sobre glaciares y zonas periglaciares, habilitando mayores márgenes para el desarrollo de actividades productivas.
Desde el Gobierno nacional defendieron la reforma al señalar que aporta mayor claridad normativa y seguridad jurídica, además de fortalecer el rol de las provincias en la administración de sus recursos naturales.
En un comunicado oficial, la Oficina del Presidente sostuvo que la nueva ley establece con mayor precisión qué áreas deben ser protegidas, diferenciando aquellas que cumplen funciones hídricas de otras que, según argumentaron, estaban incorrectamente catalogadas.
Asimismo, destacaron que la modificación responde a un reclamo histórico de provincias vinculadas a la producción de litio y cobre, al tiempo que devuelve competencias para la gestión de los recursos a las jurisdicciones locales.
Sin embargo, sectores de la oposición y organizaciones ambientales cuestionaron la iniciativa al advertir que podría implicar una flexibilización en la protección de zonas sensibles y abrir la puerta a un mayor avance de actividades extractivas.
En ese contexto, desde el oficialismo también hubo críticas hacia la oposición, a la que acusaron de haber sostenido restricciones que, según su visión, afectaban el desarrollo económico.
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