El Gobierno nacional prepara una nueva normativa que busca transformar por completo el régimen laboral dentro de las cárceles federales. La propuesta apunta a eliminar beneficios propios de un empleo formal —como aguinaldo, vacaciones pagas o el reconocimiento de una jornada laboral completa— para las personas privadas de libertad que realizan tareas intramuros.
La iniciativa toma impulso a partir de un artículo incluido en la reciente ley de modernización laboral aprobada por el Congreso, donde se aclaró que las disposiciones de esa normativa no serán aplicables a quienes se encuentran detenidos. El objetivo central es evitar interpretaciones judiciales que, hasta ahora, obligaban al Estado a otorgar beneficios similares a los del mercado laboral libre.
Un conflicto judicial que lleva más de una década
El trabajo penitenciario ha sido motivo de debate jurídico y político durante años. Diversos fallos sostuvieron que los internos debían recibir condiciones equiparables a las de un trabajador fuera del contexto carcelario cuando cumplían funciones productivas.
Uno de los fallos más influyentes fue dictado en 2014 por la Cámara Federal de Casación Penal, que estableció que el régimen debía respetar la “asimilación al trabajo libre”. Esto incluía remuneración acorde, cobertura ante accidentes y beneficios laborales mínimos. A partir de esa resolución, el Servicio Penitenciario Federal comenzó a liquidar pagos tomando como referencia el salario mínimo, lo que permitió que muchos internos cobraran ingresos con parámetros cercanos a los de un empleo formal.
Con la reforma que impulsa el Gobierno, ese esquema podría cambiar de manera drástica. La nueva reglamentación buscará redefinir el trabajo penitenciario bajo criterios propios y diferenciados, dejando atrás la interpretación judicial que regía hasta ahora.
