La Justicia Federal volvió a intervenir en la disputa por el financiamiento de las universidades públicas y resolvió que el Poder Ejecutivo debe poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo también declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la ejecución de la normativa.
La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a partir de los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El magistrado ordenó al Ejecutivo avanzar de manera inmediata con las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para hacer efectiva la ley, que contempla recursos para las universidades y mecanismos vinculados con la recomposición de los ingresos de docentes y no docentes.
El punto central de la disputa
El conflicto se originó luego de que el Gobierno promulgara la Ley 27.795, pero mediante el Decreto 759/2025 condicionara su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes en el Presupuesto.
La normativa había sido aprobada por el Congreso y, tras el veto presidencial, las cámaras legislativas habían insistido con su sanción mediante las mayorías previstas constitucionalmente. Para Cormick, el mecanismo utilizado posteriormente por el Ejecutivo terminó funcionando, en sus efectos, como una forma de suspender la aplicación de una ley ya ratificada por el Parlamento.
En ese sentido, el juez sostuvo que el decreto no superaba un estándar mínimo de razonabilidad y consideró que la decisión del Ejecutivo había generado un mecanismo que no está contemplado como una nueva instancia de veto en la Constitución.
Qué establece el fallo
La resolución dispone que el Gobierno debe cumplir inmediatamente con la Ley de Financiamiento Universitario y dictar las normas necesarias para instrumentarla.
El fallo es de primera instancia, por lo que el Poder Ejecutivo todavía puede recurrir la decisión ante instancias superiores.
La resolución representa un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales, en un escenario marcado por los reclamos de las instituciones y de los sectores docentes y no docentes por mayores recursos y actualización salarial.
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