El Gobierno bonaerense abrió una investigación contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud luego de recibir 2.240 denuncias durante el primer semestre de 2026 por presuntos incumplimientos de la normativa de Defensa del Consumidor, además de situaciones de acoso y hostigamiento.
La medida fue anunciada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, quienes señalaron que el crecimiento del endeudamiento familiar genera una situación de especial vulnerabilidad para millones de personas.
Según explicó Costa, la Provincia inició expedientes para determinar cómo se establecen las tasas de interés y cuál es el verdadero costo financiero total de los créditos ofrecidos por estas empresas. Las firmas deberán presentar sus descargos y aportar información sobre las condiciones de sus operaciones.
Denuncias por cobros y presión sobre los deudores
Uno de los puntos que genera mayor preocupación son las denuncias relacionadas con prácticas de cobranza y hostigamiento. Desde el Gobierno bonaerense indicaron que se recibieron reclamos de usuarios que atraviesan situaciones de endeudamiento y dificultades para afrontar los pagos.
El subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, sostuvo que las denuncias incluyen casos en los que empresas acreedoras recurren a estudios de cobranza o call centers para presionar a personas endeudadas.
La problemática se da en un contexto de fuerte crecimiento del uso del crédito para afrontar gastos cotidianos. Un informe difundido por la Provincia señaló que seis de cada diez hogares bonaerenses relevados recurren al endeudamiento para comprar alimentos, mientras que también aparecen gastos vinculados con vivienda, servicios y salud.
Multas de hasta $1.883 millones
De acuerdo con lo informado por las autoridades provinciales, si durante la investigación se comprueban infracciones, las empresas podrían recibir multas de hasta $1.883 millones, además de quedar obligadas a revertir los incumplimientos detectados.
La investigación busca establecer responsabilidades concretas y determinar si las condiciones de los créditos y las prácticas de cobranza respetaron los derechos establecidos por la legislación vigente.
El anuncio se produce, además, en momentos en que distintas organizaciones sindicales y sociales advierten sobre el avance del sobreendeudamiento familiar y el uso del crédito para cubrir necesidades básicas.
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