La pelea entre el gobierno de Javier Milei y el sistema universitario sumó este martes un nuevo capítulo con una masiva jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales, donde docentes, estudiantes y autoridades académicas reclamaron la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La actividad fue impulsada por integrantes de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires y se realizó bajo una consigna directa hacia la Corte Suprema y el Gobierno nacional: “Señores jueces, que Milei cumpla la ley”.
Clases abiertas frente a Tribunales
La protesta se desarrolló apenas dos semanas después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que volvió a poner en agenda el conflicto por el presupuesto educativo.
Desde temprano, docentes universitarios dictaron clases abiertas frente al edificio judicial con el objetivo de visibilizar el impacto del ajuste sobre salarios docentes, becas estudiantiles, investigación científica y el funcionamiento general de las universidades públicas.
“Reclamamos una respuesta urgente”, expresaron durante la jornada distintos referentes académicos y sindicales.
Reclamo judicial y político
Durante el cierre participaron la abogada laboralista Natalia Salvo, los diputados Lucía Cámpora e Itaí Hagman, además del antropólogo y dirigente sindical Pablo Perazzi.
Perazzi destacó el crecimiento de la movilización estudiantil en los últimos meses y señaló que cada vez más jóvenes participan en defensa de la universidad pública.
Además, sostuvo que discutir el financiamiento universitario debería ser una cuestión básica para cualquier gobierno. “Es como discutir si un hospital necesita insumos”, comparó.
La Corte Suprema, bajo presión
El conflicto por el financiamiento universitario ya escaló al plano judicial.
El Consejo Interuniversitario Nacional presentó recursos para exigir la aplicación de la ley aprobada por el Congreso, luego de que el Poder Ejecutivo suspendiera su implementación mediante decretos y cuestionamientos administrativos.
Fuentes universitarias sostienen que la Corte Suprema ya se encuentra en condiciones de emitir un fallo sobre el tema.
Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene su postura de no avanzar con la ley argumentando la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y cuestionando la falta de definición sobre las fuentes de financiamiento.
Universidades en alerta
El conflicto universitario se transformó en uno de los principales focos de tensión política para la administración libertaria.
Rectores, gremios docentes y centros estudiantiles denuncian un fuerte deterioro presupuestario, caída salarial y paralización de áreas clave de investigación y extensión.
En paralelo, desde el oficialismo insisten en la necesidad de reducir el gasto público y revisar el funcionamiento de las universidades nacionales.
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