El sistema de atención a personas con discapacidad atraviesa una profunda crisis en Argentina. Instituciones terapéuticas, centros de día y prestadores de servicios denuncian retrasos en los pagos por parte del Estado y de obras sociales nacionales, una situación que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y la atención de miles de personas.
En este contexto, trabajadores y organizaciones del sector realizaron jornadas de protesta y paro en distintos puntos del país para exigir la plena implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, con el objetivo de garantizar el financiamiento del sistema y evitar el colapso de los servicios.
Cierre de instituciones y riesgo para miles de pacientes
Según advierten referentes del sector, al menos una decena de instituciones terapéuticas ya debieron cerrar sus puertas en los últimos meses debido a la imposibilidad de sostener sus gastos operativos. La falta de actualización de aranceles y los atrasos en los pagos agravan una situación que arrastra varios meses.
Los prestadores señalan que la crisis impacta directamente en la atención de personas con discapacidad, ya que muchas dependen de terapias diarias, acompañamiento profesional y centros especializados para su desarrollo e inclusión.
Instituciones al borde del cierre
Uno de los casos que refleja la gravedad del problema es el del Centro de Día La Esperanza, ubicado en San Luis, donde sus responsables advirtieron que la institución atraviesa una situación crítica por la falta de pagos que se arrastra desde mediados de enero.
Desde el centro señalaron que, si no se regulariza la situación, podrían verse obligados a suspender sus actividades, lo que afectaría a decenas de personas que reciben allí contención y tratamientos especializados.
Una situación similar se vive en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, donde un centro de atención advirtió que más de 170 personas con discapacidad podrían quedarse sin asistencia debido a la crisis financiera que atraviesa la institución.
Reclamo federal del sector
Las organizaciones que nuclean a prestadores, profesionales y familiares sostienen que la falta de respuestas por parte del Estado y de algunas obras sociales pone en peligro todo el sistema de atención.
En ese marco, reclaman una actualización urgente de los aranceles, la regularización de los pagos atrasados y medidas concretas que permitan garantizar la continuidad de los servicios en todo el país.
Mientras tanto, el conflicto continúa escalando con movilizaciones, jornadas de visibilización y reclamos federales que buscan poner en agenda una problemática que afecta a miles de familias argentinas.
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